Por Yoisi Moguel
MÉRIDA, Yuc., 23 de junio de 2026.- El Congreso de Yucatán aprobó la despenalización del aborto después de que la justicia federal impuso una sanción económica a los 35 diputados locales y al director jurídico del Poder Legislativo, Miguel Ceballos Quintal, por incumplir una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El Juzgado Tercero de Distrito aplicó una multa individual de 26 mil 981 pesos a cada legislador y al funcionario jurídico por el reiterado desacato al mandato judicial relacionado con la armonización de la legislación estatal en materia de derechos reproductivos.
Congreso recibe sanción inédita en México
Con esta resolución, el Congreso de Yucatán se convirtió en el primer Poder Legislativo estatal del país en recibir una sanción económica por retrasar el cumplimiento de una sentencia vinculada a la despenalización del aborto.
Durante la sesión en la que se aprobó la reforma, ningún integrante de las bancadas de Morena, PT, PVEM, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano solicitó intervenir en tribuna ni fijó una postura sobre el tema.
Reforman Código Penal y Constitución estatal
La modificación legal incluyó la derogación de los artículos 389, 390, 392 y 393 del Código Penal del Estado, disposiciones que sancionaban de manera directa la interrupción voluntaria del embarazo.
Asimismo, los legisladores aprobaron cambios al Artículo Primero de la Constitución Política de Yucatán, con la eliminación de disposiciones que habían sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte.
Congreso reporta cumplimiento de sentencia
Tras la votación, el Congreso del Estado informó sobre la aprobación mediante un comunicado institucional en el que señaló que la reforma se realizó en cumplimiento del Amparo en Revisión 274/2024, resuelto por la SCJN.
El documento indicó que las modificaciones tienen como finalidad armonizar el marco jurídico estatal con los criterios obligatorios del Poder Judicial de la Federación, los tratados internacionales y las disposiciones constitucionales vigentes en materia de derechos humanos.
