Por Staff
WASHINGTON, D.C., EU., a 23 de julio de 2026.– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció la que calificó como la mayor acción financiera emprendida contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al sancionar a 55 personas y entidades mexicanas presuntamente vinculadas con la organización criminal. La medida fue coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México.
Entre los sancionados figura Juan Carlos González, alias “El Pelón” o “El 03”, identificado por las autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”. También fueron incluidos presuntos operadores financieros, empresarios, familiares y compañías que, de acuerdo con la investigación, habrían facilitado operaciones de lavado de dinero, logística y financiamiento del grupo criminal.
¿Qué implican las sanciones?
Las sanciones implican el congelamiento de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibir que ciudadanos y empresas de ese país realicen transacciones con los señalados. Paralelamente, la UIF incorporó a los involucrados en la Lista de Personas Bloqueadas y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la ofensiva busca desmantelar las estructuras financieras que sostienen al CJNG, organización señalada por Estados Unidos de participar en el tráfico de fentanilo, metanfetaminas y otras drogas, además de actividades de violencia y extorsión. La dependencia sostuvo que el objetivo es cortar las fuentes de financiamiento del grupo mediante acciones coordinadas con las autoridades mexicanas.
Las investigaciones apuntan a una compleja red de empresas, gasolineras, negocios de bebidas alcohólicas, agricultura, construcción, seguridad privada y producción de tequila, utilizada presuntamente para ocultar recursos ilícitos en estados como Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas. Con esta acción, ambos gobiernos buscan debilitar la capacidad financiera de una de las organizaciones criminales más poderosas de México.
