Por Staff
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) lanzó la campaña nacional «Los monos no son mascotas» para combatir la extracción, compra, venta y posesión ilegal de primates, una problemática que también ha dejado aseguramientos en Yucatán.
En México habitan tres especies de primates nativos: el mono araña, el mono aullador negro y el mono aullador de manto. Las tres están consideradas en peligro de extinción de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se distribuyen principalmente en las selvas del sureste del país, donde cumplen una función importante en los ecosistemas al participar en la dispersión de semillas. Sin embargo, su captura para ser comercializados como mascotas representa una amenaza para sus poblaciones.
En Yucatán, la Profepa ha documentado casos relacionados con el tráfico de estas especies. En mayo de 2026, durante un operativo realizado en el sureste del país, la dependencia aseguró un mono araña en el Tianguis San Roque, en Mérida. A este caso se suma el registrado en 2025, cuando autoridades aseguraron un mono araña que era transportado junto con 25 loros en la carretera Campeche-Mérida, así como otro hecho de marzo de 2026, cuando la dependencia recibió un ejemplar de esta especie para su valoración médica y posterior reintegración a su hábitat.
La dependencia explicó que el tráfico comienza con la captura de crías en su entorno natural, lo que puede provocar la muerte de otros ejemplares durante el proceso. Los animales que sobreviven pueden ser trasladados en condiciones inadecuadas, con hacinamiento, deshidratación y desnutrición. De hecho, la Profepa estima que por cada primate que llega a ser vendido como mascota, al menos otros tres mueren durante la captura o el traslado.
El cautiverio también puede provocar alteraciones físicas y conductuales en los primates debido a la separación de su grupo y a las condiciones en las que permanecen. La dependencia advierte que, al crecer, pueden desarrollar conductas propias de un animal silvestre, volverse difíciles de manejar y representar riesgos de mordeduras o transmisión de enfermedades para las personas que intenten manipularlos.
La legislación mexicana prohíbe el aprovechamiento extractivo de primates. El artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre establece restricciones para este tipo de especies, mientras que quienes incurran en delitos relacionados con su tráfico pueden enfrentar penas de prisión de uno a nueve años, de acuerdo con la legislación federal aplicable. En este contexto, la Profepa reportó el aseguramiento de 137 primates a nivel nacional entre 2019 y 2026, entre ellos 96 monos araña, 24 monos saraguato y 17 monos aulladores.
Ante esta situación, la Profepa pidió a la población no comprar, extraer, poseer ni regalar primates, y exhortó a denunciar ante las autoridades cualquier caso relacionado con el tráfico ilegal de estas especies.
