Por Staff
CIUDAD DE MÉXICO, 7 de septiembre de 2026.- El aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en un buque atracado en Altamira se convirtió en una de las principales pistas para destapar una presunta estructura de “huachicol fiscal” que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, habría utilizado complicidades dentro de instituciones públicas para introducir combustible de manera ilegal al país.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy, detalló que la indagatoria apunta a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, señalados por la Fiscalía como integrantes centrales de la organización. Los dos son exintegrantes de la Secretaría de Marina.
La operación, según la investigación, comenzaba con embarcaciones que salían principalmente de Texas cargadas con hidrocarburos. El producto era declarado como aceite o aditivo, mientras que presuntos funcionarios y agentes aduanales facilitaban su ingreso mediante pagos y controles simulados.
La Fiscalía sostiene que la red tenía capacidad para intervenir en distintas etapas de la cadena: desde la llegada de los buques hasta la descarga, almacenamiento y posterior distribución. Las autoridades investigan además presuntas maniobras para manipular volúmenes y muestras y permitir la liberación de los cargamentos.
Una red con ramificaciones en varios estados
Una vez colocado el combustible en tierra, la organización habría recurrido a empresas fachada y operaciones financieras para ocultar el origen de las ganancias. Las investigaciones han llevado a las autoridades a identificar movimientos relacionados con Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México.
En paralelo, un cateo realizado en una bodega vinculada con Manuel Roberto Farías permitió asegurar armas sin registro, expedientes de personal naval, listas de aduanas marítimas y documentación de seguridad nacional con carácter reservado y confidencial.
La FGR también sostiene que los hermanos Farías habrían intervenido en designaciones, ascensos y movimientos de personal en áreas relacionadas con las aduanas marítimas y otras instituciones. Estos señalamientos forman parte de los datos de prueba que actualmente son valorados por el Poder Judicial.
El caso continúa abierto y la Fiscalía anunció que seguirá investigando a quienes hayan participado en la estructura. Para Godoy, el objetivo es determinar responsabilidades individuales y evitar que las redes de contrabando de combustibles encuentren protección dentro de las instituciones públicas.
