Por Staff
BRUSELAS, Bel., a 17 de septiembre de 2026.- La Unión Europea propuso establecer una edad mínima común para el uso de redes sociales y prohibir el acceso a menores de 13 años, como parte de un nuevo marco para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en internet.
La propuesta, presentada este 17 de septiembre por la Comisión Europea, forma parte de la denominada EU KIDS Act, que plantea un acceso gradual a las plataformas digitales de acuerdo con la edad. El proyecto todavía deberá ser negociado y aprobado por las instituciones europeas antes de convertirse en una norma aplicable en los 27 Estados miembros.
Para los menores de 13 años, la propuesta contempla impedir el acceso a redes sociales, aunque permitiría utilizar determinados servicios de video dirigidos a público infantil mediante cuentas administradas por padres o tutores. Entre los 13 y menos de 15 años, los jóvenes podrían acceder mediante “minicuentas” supervisadas por un tutor, con funciones limitadas y herramientas de control parental.
¿Qué plantean?
Estas cuentas tendrían restricciones específicas, entre ellas un límite máximo de una hora diaria, aprobación parental de contactos y controles que permanecerían activos. A partir de los 15 años, los adolescentes podrían abrir y administrar sus propias cuentas, pero las plataformas tendrían que ofrecer condiciones de “seguridad desde el diseño” para los usuarios menores de edad.
Las nuevas obligaciones también contemplan mecanismos para limitar funciones que pueden favorecer un uso excesivo, como el desplazamiento infinito, determinadas notificaciones durante las horas de sueño y otros mecanismos de recompensa. Los perfiles de menores deberían ser privados de manera predeterminada y se limitaría el contacto no solicitado de desconocidos.
La propuesta incluye además verificación de edad para las plataformas y tiendas de aplicaciones, junto con medidas de privacidad. El proyecto abarcaría otros servicios digitales, como videojuegos y chatbots o compañeros de inteligencia artificial, y plantea sanciones que podrían alcanzar hasta 6 por ciento de la facturación mundial anual de los servicios que incumplan las obligaciones previstas.
