Por Yoisi Moguel
MÉRIDA, Yuc, a 3 de febrero de 2026. – Para transformar la manera en que se resuelven los conflictos domésticos y fortalecer una impartición de justicia con rostro humano, el Poder Judicial del Estado de Yucatán inició formalmente la elaboración del Protocolo de Implementación de Justicia Restaurativa en Materia Familiar.
Este nuevo instrumento jurídico busca priorizar la reparación del daño y el bienestar integral de las familias, colocando como eje central el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, así como el respeto irrestricto a los derechos humanos.
El magistrado Alan Jesús Hernández Conde, de la Sala Colegiada Civil y Familiar del TSJE indicó que para la construcción de este protocolo, se integró un grupo de trabajo de alto nivel y carácter multidisciplinario.
El equipo, destacó, cuenta con la participación de la consejera de la Judicatura, María Ely Farfán Flores, además de juezas, jueces, mediadores y especialistas en psicología y trabajo social.
“También se tendrá el acompañamiento técnico de la Dra. Claudia Lizeth Villavicencio Guadarrama, referente en México y Latinoamérica en procesos restaurativos, cuya experiencia garantiza que el modelo yucateco cumpla con los más altos estándares internacionales”, subrayó.

Innovación jurídica y cumplimiento legal
Hernández Conde precisó que en las mesas de trabajo, desarrolladas durante tres días, se alinearon criterios y delimitaron responsabilidades para asegurar una implementación adecuada en ambas instancias judiciales.
Sostuvo que la constricción de la justicia también implica generar espacios de diálogo técnico que den certeza a su aplicación.
Por ello, refirió, se definió con claridad cuándo y cómo derivar los asuntos familiares a procesos restaurativos, garantizando el control judicial y evitando la revictimización.
El magistrado puntualizó que, con este paso, Yucatán avanza en el cumplimiento del Artículo Décimo Quinto Transitorio de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, integrando estas prácticas en plena concordancia con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Herramientas para la paz social
En este proceso, anotó, se desarrollaron herramientas operativas clave que darán vida al protocolo, tales como: Guiones de entrevistas iniciales para evaluar casos, criterios de viabilidad técnica y jurídica, así como planes de reparación del daño y rutas de seguimiento institucional.
Enfatizó que este protocolo no se limita al ámbito jurídico, sino que abarca las dimensiones relacional, emocional y social. El objetivo, resaltó, es claro, transitar de una justicia punitiva hacia una justicia transformadora que repare vínculos, reconstruya la confianza y contribuya de manera sostenida a la paz social en la entidad.





















