Por Yoisi Moguel
MÉRIDA, Yuc., a25 de febrero de 2026.– En una ofensiva frontal contra la impunidad ambiental, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ejecutó dos operativos simultáneos que desarticularon actividades irregulares dentro de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Cuxtal, en el municipio de Mérida.
El despliegue, motivado por denuncias ciudadanas, frenó la ocupación ilegal y el desmonte en la selva baja del suroriente de la ciudad.
Bajo una estrategia coordinada, inspectores federales, elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, junto con personal directivo y guardaparques de la Reserva, intervinieron en puntos críticos de deforestación para detener el avance de maquinaria y trabajos no autorizados.
Concreto sobre selva
En la hacienda Ana Victoria se detectó el desmonte de una hectárea de vegetación forestal y la construcción de una barda perimetral de tres metros de altura. Al no haber responsables en el sitio ni autorizaciones de cambio de uso de suelo, la Profepa impuso la clausura temporal total, reforzando sellos previamente colocados por el Ayuntamiento de Mérida.
Sobre la carretera que conecta las comisarías de Molas y Dzoyaxché, autoridades aseguraron una camioneta que transportaba 1,160 kilogramos de carbón vegetal, sin acreditar su legal procedencia, por lo que el vehículo y la carga fueron decomisados.
En otro punto se detectó la apertura de brechas y caminos que suman más de 15 mil metros cuadrados de afectación, con nivelación de terrenos y delimitación de predios para un presunto desarrollo urbano no autorizado.
¿Qué está en juego?
La Reserva Cuxtal es considerada el principal pulmón de Mérida y pieza clave para la recarga del acuífero que abastece a la ciudad. La fragmentación de la selva baja caducifolia pone en riesgo la estabilidad ambiental y la supervivencia de especies locales.
La Profepa advirtió que estos operativos buscan frenar la expansión irregular que amenaza los servicios ambientales que brinda Cuxtal a la ciudadanía.
Consecuencias legales
Además de la colocación de sellos y el aseguramiento de vehículos, la dependencia inició expedientes administrativos para deslindar responsabilidades. Los propietarios podrían enfrentar sanciones económicas y posibles responsabilidades penales por delitos ambientales.
La autoridad aseguró que mantendrá la vigilancia para evitar que los sellos sean violentados y reiteró que no habrá tolerancia ante nuevas afectaciones.
