Por Yoisi Moguel
TEKAX, Yuc, a 13 de abril de 2026.– La noche que debió ser tranquila en la comisaría de Becanchén se transformó en un escenario de conflicto y tensión para los habitantes de la zona que denunciaron la incursión de un grupo de personas externas, presuntamente armadas y encapuchadas, que ingresaron a terrenos ejidales con maquinaria pesada, desencadenando una movilización ciudadana ante la falta de respuesta institucional.
De acuerdo con testimonios de los afectados, el grupo arribó en unidades con placas de otros estados y acompañados por caninos, manteniendo una actitud hostil hacia los locales y encabezado por un individuo identificado como Marco Antonio Maya Ávila, quien alegó poseer títulos de propiedad sobre las tierras, aunque los ejidatarios aseguran que nunca mostró documentación legal que avalara sus palabras.
El saldo inicial de la incursión reportó daños materiales, ya que derribaron cercas y puertas de madera, además del impacto ecológico con afectación de árboles de gran tamaño y zonas forestales debido al uso de maquinaria pesada.
Los pobladores vivieron momentos de inseguridad por la presencia de civiles armados y encapuchados que alteraron el orden público, para tratar de iniciar las labores de algún complejo inmobiliario.
La organización civil ante el vacío de autoridad
Ante la nula respuesta de los cuerpos de seguridad municipales y estatales, los ejidatarios se vieron obligados a organizarse por cuenta propia, y tras una reunión de emergencia, los pobladores acudieron pacíficamente al sitio para defender su patrimonio.
“Fuimos a la Fiscalía y buscamos al Ayuntamiento, pero nadie nos escuchó, por ello tuvimos que ser nosotros mismos quienes cuidáramos nuestras tierras”, señalaron los afectados.
El conflicto escaló al plano político tras las declaraciones del alcalde de Tekax, Hervé Manuel Vallejos Sansores quien aseguró que su administración brindó apoyo y seguimiento oportuno al caso.
Sin embargo, los pobladores de Becanchén calificaron este discurso como “alejado de la realidad”, sosteniendo que durante los momentos de mayor tensión estuvieron desprotegidos.
Tras varias horas de confrontación y debido a la presión ejercida por la comunidad organizada, se logró la clausura de la obra y el retiro de la maquinaria por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, aunque los habitantes ya se retiraron del lugar, la exigencia de transparencia y justicia permanece latente, mientras esperan que las denuncias interpuestas ante la Fiscalía finalmente prosperen.
La comunidad exige que el gobierno municipal pase del discurso en redes sociales a acciones legales concretas que garanticen la seguridad jurídica de sus tierras.
