Por Yoisi Moguel
MÉRIDA, Yuc., a 23 de abril de 2026.- Ante una escalada crítica en la sofisticación de los delitos cibernéticos, que durante el reciente periodo de Semana Santa disparó las alarmas con un incremento del 70% en las denuncias, el Gobierno del Estado pasará a la ofensiva digital.
La Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) impulsará una reingeniería legislativa orientada a endurecer los reglamentos vigentes y crear un marco penal y administrativo robusto que termine con la impunidad de quienes lucran con la ilusión de los viajeros.
El titular de la dependencia, Darío Flota Ocampo, explicó que la estrategia se fundamenta en la creación de una nueva Ley de Turismo estatal, la cual será presentada en breve ante el Congreso del Estado.
Fraude digital
Esta iniciativa surge como respuesta directa a la vulnerabilidad de los usuarios frente a las llamadas “granjas” de perfiles falsos y plataformas de ventas apócrifas, que han proliferado en entornos digitales.
El funcionario subrayó que el sector turístico ya no resiste soluciones superficiales, por lo que se integrarán propuestas de asociaciones civiles en una estructura legal que permita intervenir y sancionar antes de que el daño patrimonial sea irreversible.
Uno de los principales vacíos que busca atender la nueva legislación es la limitación jurisdiccional, que actualmente deja a las víctimas en estado de indefensión técnica. Aunque la Profeco cuenta con facultades de verificación, su alcance es administrativo y resulta insuficiente ante delitos de carácter penal.
Flota Ocampo detalló que la ley establecerá candados de seguridad desde el primer contacto digital hasta la llegada del turista, obligando a los prestadores de servicios a cumplir con certificaciones verificables que acrediten la autenticidad de las ofertas.
¿Cómo operan los estafadores?
El modus operandi de estas redes consiste en ofrecer hospedaje de lujo o servicios turísticos a precios atractivos en redes sociales; sin embargo, al llegar al destino, las víctimas descubren que la reservación no existe y que su dinero fue transferido a cuentas inrastreables.
Este fenómeno, además de afectar el patrimonio de las familias, impacta la confianza en la marca Yucatán, uno de los pilares de su economía. La nueva ley, concluyó el funcionario, no solo busca proteger al consumidor, sino convertirse en un escudo de seguridad para toda la cadena de valor turística.
