Por Yoisi Moguel
MÉRIDA, Yuc, a 18 de junio de 2026.– En hecho histórico precedente para la defensa ambiental en el sureste mexicano, el pueblo maya de Santa María Chi le ganó la batalla a uno de los gigantes de la industria porcícola del país, a Kekén.
Tras una extenuante audiencia de más de seis horas, el Juzgado Segundo de Control de Mérida determinó el no ejercicio de la acción penal en contra del comisario Wilberth Nahuat Puc, poniendo fin a tres años de una intensa batalla legal y social que amagaba con criminalizar la protesta comunitaria.
La disputa comenzó formalmente en mayo de 2023, cuando los representantes de la granja San Gerardo, socio comercial de la poderosa firma Kekén, interpusieron denuncias por presunto despojo de propiedad y privación de la libertad contra el líder indígena.
Estas acusaciones surgieron a raíz de los bloqueos y manifestaciones pacíficas que los habitantes organizaron para exigir frenar el impacto ecológico en su territorio.
Lejos de amedrentarse, la resistencia local detonó un movimiento civil de alcance internacional.
En un lapso menor a 48 horas, más de mil 600 personas respaldaron digitalmente la causa del comisario.
De forma paralela, un frente de siete organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, integrado por JUMAC, APASDEM, Brighter Green, Todos Somos Animales, Naturaleza Animal, Greenpeace y Generación Vegana, trasladó la exigencia hasta la Ciudad de México, entregando una carta de reclamo y el pronunciamiento del propio afectado en la Representación del Gobierno de Yucatán.
El caso escaló a tal magnitud que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su respaldo a la comunidad en la defensa de su territorio.
Este cúmulo de presiones ciudadanas e institucionales culminó previamente con una contundente resolución de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la cual decretó la clausura total, definitiva y la reubicación de la megagranja tras comprobarse la contaminación del manto acuífero de la zona.
Al decretarse su libertad absoluta y el archivo definitivo del expediente penal, la comunidad de Santa María Chi celebró el fallo como un acto de estricta justicia.
Wilberth Nahuat Puc, el comisario maya, visiblemente conmovido tras el veredicto, resumió el sentir de su pueblo al señalar que la prioridad colectiva siempre fue recuperar la tranquilidad. Además, confirmó que los animales ya fueron retirados de la zona y que finalmente se alcanzó la justicia penal que tanto anhelaban.
Con este desenlace, el movimiento indígena envía un claro mensaje sobre los límites del desarrollo industrial frente a los derechos de los pueblos originarios y la preservación de los recursos naturales.
