Por Yoisi Moguel
MÉRIDA, Yuc., 18 de junio de 2026.- Las comunidades mayas de la Península de Yucatán declararon una emergencia ambiental ante el avance de la agroindustria, una actividad que, aseguran, amenaza la supervivencia de las abejas, la biodiversidad regional y una de las prácticas ancestrales más importantes para los pueblos originarios: la apicultura.
La preocupación alcanzó una nueva dimensión al llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se encuentran en análisis diversos casos que podrían sentar precedentes sobre la protección del territorio, los derechos indígenas y el impacto ambiental de los modelos productivos en la región.
La defensora maya y reconocida activista ambiental Leydy Pech sostuvo que el máximo tribunal del país enfrenta ahora el desafío de traducir los discursos de inclusión y protección de los pueblos indígenas en resoluciones concretas que detengan el deterioro de los ecosistemas y garanticen justicia ambiental.
Para las comunidades, la defensa de las abejas trasciende el aspecto económico. Se trata de una relación histórica, cultural y espiritual profundamente arraigada en la cosmovisión maya, donde estos polinizadores representan un elemento fundamental para el equilibrio de la vida y la conservación de los recursos naturales.
Las abejas, en el centro del conflicto
Pech advirtió que la expansión del modelo agroindustrial, acompañada del uso intensivo de agroquímicos, ha generado afectaciones crecientes tanto en la producción apícola como en la salud de los ecosistemas. Como ejemplo señaló el caso de Hopelchén, donde un amparo judicial obtenido por la comunidad no ha logrado traducirse en medidas efectivas para frenar el problema.
“La etapa de las solicitudes y exhortos ha quedado atrás”, advirtió la activista, al señalar que las comunidades demandan respuestas inmediatas frente a un escenario que consideran insostenible después de años de resistencia y denuncias.
Por su parte, la abogada Lourdes Medina, integrante de la organización Utsil Kuxtal, afirmó que la SCJN tiene en sus manos la oportunidad de establecer criterios históricos para la protección de los pueblos indígenas y el medio ambiente. Aseguró que la atracción y resolución de tres expedientes clave de Yucatán y Campeche será determinante para demostrar que el acceso a la justicia puede convertirse en una realidad tangible para las comunidades afectadas.
