Por Yoisi Moguel
MÉRIDA, Yucatán, a 13 de enero de 2026.- El caso de la joven Carolina Yupit Herrera, persona dentro del espectro autista despertó la solidaridad y empatía de la sociedad yucateca, por la forma en que directivos de la Universidad de las Artes de Yucatán le exigieron, a la estudiante de danza, abandonar su formación profesional por su condición.
Esta situación fue denunciada públicamente por Carolina con el apoyo de colectivos y familiares que señalan a la institución por negarle la reinscripción a la licenciatura en Danza Contemporánea.
Carolina asegura que a pesar de contar con un historial académico limpio y la acreditación satisfactoriamente de cinco semestres de la carrera fue excluida del sistema escolar sin una notificación oficial ni sustento legal, en lo que describe como un claro acto de violencia institucional y segregación.
Antecedentes
Indicó que el conflicto inició el pasado jueves 8 de enero cuando directivos de la universidad presuntamente la coaccionaron para que firmara su baja voluntaria.
La alumna sostuvo que bajo el argumento de que era una recomendación de las autoridades de salud y educación, los directivos le pidieron dejar su carrera por su propio bien, e intentaron forzar su salida de la institución sin dejar un rastro administrativo de despido o expulsión.
Ante la firme negativa de renunciar a su formación profesional, la universidad procedió a bloquear deliberadamente su acceso al sistema, impidiéndole realizar el trámite que sus compañeros sí pudieron completar.
Carolina consideró esta acción como una violación directa a la recién aprobada Ley de Autismo de Yucatán, la cual establece la obligación de las instituciones educativas de realizar ajustes razonables y prohíbe tajantemente negar o condicionar la inscripción de personas neurodivergentes sin una causa legal debidamente justificada.
Violación de derechos
La exclusión, señaló, atenta contra el derecho humano fundamental a la educación y la profesionalización artística en un estado que presume de vanguardia legislativa en materia de inclusión.
La situación, recordó alcanzó un punto crítico este lunes 12 de enero cuando acudió con su padre, nuevamente a la universidad para exigir su derecho a clase, pero la respuesta de la institución fue informarles que existía una indicación de baja, impidiéndole el ingreso.
Ante estos hechos, organizaciones civiles y familias de personas autistas piden garantizar la reinscripción de la alumna y asegurar un acompañamiento digno que no sea discriminatorio.
En tanto la comunidad social y artística aseguró que permanecerá en alerta, bajo la premisa de que la inclusión no es negociable y que la educación debe dejar de ser vista como un privilegio condicionado por la neurodivergencia para ser respetada como el derecho universal que es.
