Por Yoisi Moguel
MÉRIDA, Yuc, a 4 de abril de 2026.- El mercado inmobiliario en la región entra en una nueva era de legalidad, a partir de este año, la compraventa de propiedades dejará de ser terreno libre para la informalidad y bajo el marco de la nueva Ley Estatal Inmobiliaria, solo aquellos agentes que cuenten con una certificación oficial podrán operar en el sector.
Esta medida busca erradicar las malas prácticas y proteger el patrimonio de las familias frente a la creciente ola de fraudes cometidos por intermediarios no registrados.
La presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Mérida, Claudia Pérez Aguilar advirtió sobre el panorama actual del sector, en el cual la mayoría de quienes se dedican a esta actividad lo hacen en la informalidad.
De los aproximadamente 80 mil intermediarios que operan en México, precisó, apenas 10 mil cuentan con el respaldo de una certificación.
“La aprobación de esta ley lleva ahora a una exigencia de profesionalismo, pues el asesor debe responder ante la ley; ya no habrá espacio para quienes provocan daños patrimoniales por falta de registro o conocimiento”, afirmó Pérez Aguilar.
Radiografía de un sector en ebullición
El peso del ladrillo en la economía mexicana es innegable, representando el 8% del PIB nacional, sin embargo, es la Región 20 integrada por Yucatán y Quintana Roo, la que se consolida como el motor más dinámico del país como resultado de una inyección constante de capital.
La líder empresarial puntualizó sobre el balance del año anterior (2025), que dejó cifras que reflejan tanto el éxito financiero como los desafíos sociales como la plusvalía, pues el costo general de una casa subió en 8.2% y la vivienda nueva registró un incremento del 10% en sus precios.
El encarecimiento de las propiedades, indicó, está alejando a los sectores de menores ingresos de la posibilidad de adquirir una vivienda digna.
Rigor legal y formación
Para combatir las denuncias y reclamos que empañan al sector, subrayó, la AMPI inició desde 2025 una jornada de capacitación intensiva con el objetivo de que los agentes dominen desde los fundamentos legales hasta los procesos técnicos de urbanización y trámites notariales.
Con esta regulación, resaltó, el comisionista deja de ser un simple vendedor para convertirse en un responsable solidario del patrimonio ajeno, garantizando que cada contrato firmado en el estado tenga un respaldo jurídico sólido y transparente.
