WASHINGTON, EU., a 5 de septiembre de 2026.— El presidente Donald Trump colocó al lobo gris y al lobo mexicano en el centro de una nueva controversia ambiental, tras firmar una orden ejecutiva que podría facilitar que ganaderos de Estados Unidos disparen contra ejemplares que amenacen a sus animales. La medida busca reducir los ataques al ganado, pero también podría debilitar la protección de dos especies amparadas por la legislación federal.
Aunque Trump preguntó durante la firma si los productores podían disparar contra los lobos “desde hoy”, la orden no autoriza su caza inmediata. Matar a uno de estos animales sin permiso todavía constituye un delito federal en las regiones donde mantiene protección bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción.
El reloj corre: tendrán 90 días
La disposición concede al secretario del Interior, Doug Burgum, un plazo de 90 días para determinar si el lobo gris y el lobo mexicano cumplieron los criterios de recuperación. Si la dependencia concluye que sus poblaciones se recuperaron lo suficiente, deberá iniciar el procedimiento para retirarles o reducirles la protección federal.
El plan también contempla cambiar las reglas para autorizar la eliminación letal de lobos ante amenazas para las personas o el ganado, además de presionar a los estados para que revisen sus propias listas de especies protegidas. Asimismo, el gobierno analizará ajustes a los programas que compensan a productores por animales muertos a causa de ataques.
Ganaderos denuncian pérdidas millonarias
La decisión llega después de años de reclamos de ganaderos que aseguran sufrir pérdidas millonarias por la depredación de sus rebaños. Un análisis sobre un grupo de lobos en Sierra Valley calculó daños directos e indirectos de entre 533 mil y 1.7 millones de dólares durante 2025; con los gastos de las acciones oficiales de control, el impacto superó los 2.6 millones de dólares.
Organizaciones ambientalistas encendieron las alertas, pues el lobo mexicano apenas cuenta con alrededor de 317 ejemplares en libertad y todavía enfrenta problemas de diversidad genética. Los defensores de la fauna sostienen que la especie no alcanzó las condiciones necesarias para perder su protección y anticiparon posibles demandas si la administración Trump permite ampliar la matanza sin respaldo científico.
