Por Yoisi Moguel
Mérida, Yuc., 25 de febrero de 2026.- En un movimiento que busca actualizar la columna vertebral de los derechos ciudadanos en la entidad, el Congreso del Estado puso bajo análisis un proyecto de reforma para realizar una reingeniería a la Constitución Política del Estado de Yucatán, con el objetivo de elevar a rango constitucional temas considerados prioritarios: salud mental, soberanía alimentaria y protección reforzada contra la discriminación.
El diputado de Morena, Alejandro Cuevas Mena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, explicó que se fusionaron cuatro iniciativas distintas en un solo cuerpo jurídico, como parte de una visión integral en materia de derechos humanos.
Salud física y mental como obligación del Estado
Cuevas Mena subrayó que uno de los ejes centrales del dictamen es la modificación al Artículo 1 constitucional local, para obligar al Estado a reconocer formalmente el derecho a la salud física y mental.
De aprobarse la reforma, la atención a las afecciones psicoemocionales dejaría de ser un asunto secundario y pasaría a ser prioridad de interés público, con instituciones obligadas a garantizar acciones de prevención, atención y tratamiento especializado.
El legislador señaló que esta medida busca consolidar un marco jurídico que proteja a la persona de manera integral, desde su bienestar emocional hasta su estabilidad física.
Blindaje constitucional contra discriminación
Otro de los puntos considerados relevantes es la reforma al Artículo 2, que ampliaría el catálogo de protección contra la exclusión.
La propuesta establece la prohibición expresa de la discriminación por identidad y expresión de género, características sexuales, orientación sexual, condición lingüística e ideología política, fortaleciendo así el principio de igualdad sustantiva.
“El objetivo es que nadie sea menoscabado en su dignidad por razones que van desde su origen étnico hasta su forma de pensar”, afirmó el diputado.
En materia alimentaria, el dictamen plantea incorporar el concepto de soberanía alimentaria más allá del acceso a una dieta adecuada.
La propuesta contempla el impulso a políticas agroecológicas, protección del patrimonio biocultural y promoción de una producción libre de riesgos sanitarios, con un enfoque sostenible.
Además, se plantea que los proyectos vinculados a alimentación y recursos naturales tengan planeación transexenal, con el objetivo de garantizar estabilidad y continuidad sin comprometer las finanzas públicas futuras.
Protección a la infancia
En el sector educativo, la reforma propone prohibir que cualquier “medida correctiva” aplicada a niñas, niños y adolescentes esté basada en prejuicios o en las creencias, actividades o condiciones de sus padres.
Con ello, se busca consolidar una convivencia escolar respetuosa de la diversidad cultural y social, fortaleciendo la protección de la infancia frente a prácticas discriminatorias.
