Por Staff
Ciudad de México, a 26 de enero de 2026.- Sin licitación, sin estudios públicos y con un proveedor que no aparece identificado en los registros oficiales, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) adjudicó de manera directa la compra de 571 vehículos por 252 millones de pesos, una operación que hoy levanta más preguntas que certezas.
El contrato fue autorizado por el órgano encabezado por Néstor Vargas Solano, bajo el argumento de que el parque vehicular del Poder Judicial de la Federación presentaba fallas recurrentes. Sin embargo, en el boletín difundido el 23 de enero, la dependencia no anexó análisis técnicos, diagnósticos mecánicos, estudios de mercado ni documentos financieros que justificaran una adjudicación directa de ese tamaño.
Tampoco se transparentó el nombre de la empresa beneficiada. En los archivos oficiales del Gobierno federal, el proveedor simplemente no aparece, pese a tratarse de un contrato millonario pagado con recursos públicos.
El favorito
Fuentes internas del propio Órgano de Administración Judicial señalan que el proveedor favorecido sería Jet Van Car, empresa propiedad de Cuauhtémoc Velázquez García y Teresa López Castillejos, la cual habría recibido el monto completo para suministrar unidades destinadas a altos mandos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Del total de vehículos adquiridos, 124 son híbridos y/o eléctricos, aunque la dependencia no informó los costos de operación, consumo eléctrico ni la viabilidad de carga. De acuerdo con trabajadores del OAJ, no existe infraestructura instalada para cargadores eléctricos, lo que abre dudas sobre la planeación y funcionalidad real de la compra.
Jet Van Car no es un actor nuevo en el mercado público. Vinculada desde sus inicios al panismo, la empresa creció de forma acelerada durante el sexenio de Felipe Calderón y, entre 2010 y 2026, acumuló 825 contratos federales por más de 19 mil 384 millones de pesos, según datos de Compras MX.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la compañía fue inhabilitada por incumplimientos contractuales. Además, la Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías millonarias en sus operaciones y notificó al Servicio de Administración Tributaria para investigar posibles irregularidades fiscales.
Hoy, la adjudicación directa del OAJ vuelve a colocar a Jet Van Car —y a la opacidad institucional— en el centro del debate.
