Por Staff
MÉRIDA, Yuc., 7 de agosto de 2026.— El gobernador Joaquín Díaz Mena fijó postura frente a la intervención de autoridades ambientales en Celestún y aseguró que su administración actuará para proteger este patrimonio natural, luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausurara temporalmente 17 polígonos en el predio San Isidro Miramar por el presunto desmonte ilegal de más de 130 hectáreas de vegetación forestal, incluido manglar, dentro de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún.
El mandatario estatal sostuvo que Celestún pertenece a todos los yucatecos y que su gobierno defenderá el área protegida “con la ley en la mano”. La postura ocurre después de un operativo realizado el pasado 3 de agosto, resultado de una investigación que, de acuerdo con Díaz Mena, comenzó desde finales de 2025 y en la que participaron autoridades estatales y federales.
Según explicó el gobernador, durante ese proceso se documentaron indicios de desmonte de vegetación, quema y comercialización de lotes dentro de fraccionamientos presuntamente irregulares ubicados en el área natural protegida. El mandatario destacó que la coordinación con la Profepa permitió reunir elementos para intervenir en la zona y frenar las actividades señaladas.
Un megaoperativo
La dimensión del operativo refleja el nivel de seguridad requerido para ingresar al predio. En total participaron 397 elementos, entre inspectores de la Profepa, personal de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y 300 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, quienes respaldaron las labores de inspección y garantizaron las condiciones para desarrollar el procedimiento.
La acción también pone nuevamente bajo los reflectores la protección de los manglares y ecosistemas costeros de Celestún, considerados estratégicos por su importancia ambiental. La Reserva de la Biosfera Ría Celestún cuenta con protección federal y comprende ecosistemas de alto valor ecológico; el decreto de la reserva contempla expresamente a San Isidro Miramar entre las zonas comprendidas por la protección.
Ponen alto a inmobiliarias
Díaz Mena destacó que la actuación no debe interpretarse como una acción aislada, sino como parte de una estrategia para impedir que actividades inmobiliarias irregulares avancen sobre zonas protegidas. Su gobierno, afirmó, mantendrá la colaboración con las autoridades federales para preservar el territorio y hacer cumplir las disposiciones ambientales.
La postura estatal recibió el respaldo de la titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrell, quien reconoció expresamente la colaboración del Gobierno de Yucatán en las acciones encaminadas a proteger los ecosistemas de la entidad.
Continúa abierta investigación
El caso abre ahora una nueva etapa para determinar las responsabilidades y las medidas que correspondan conforme a la legislación ambiental. Mientras tanto, la clausura temporal mantiene detenidas las actividades en los 17 polígonos intervenidos, mientras las autoridades continúan con las investigaciones y procedimientos derivados de los hallazgos.
Para Díaz Mena, el mensaje es directo: el desarrollo inmobiliario no puede avanzar a costa de las áreas naturales protegidas. Con Celestún como uno de los principales referentes ambientales y turísticos de Yucatán, el gobernador busca dejar claro que la defensa del territorio será una prioridad de su administración.
