Por Yoisi Moguel
MÉRIDA, Yuc., a 26 de junio de 2026.- La reestructuración del transporte público en Yucatán ha entrado en un terreno de alta tensión política y legal, y lo que comenzó como un ajuste a las finanzas estatales ahora se dirime en los pasillos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, convirtiéndose en un estira y afloja entre la optimización del presupuesto y los reclamos de la oposición por la calidad del servicio.
El conflicto escaló luego de que el diputado local panista, Álvaro Cetina Puerto, presentara una acción de inconstitucionalidad contra las recientes modificaciones a la Ley de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY).
Para el legislador, acudir al máximo tribunal es una medida necesaria para proteger a los miles de usuarios que dependen diariamente de este servicio, asegurando que la reforma no ponga en riesgo su eficiencia.
Por su parte, el Ejecutivo estatal, a través del secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés, lanzó un llamado contundente a mantener el debate fuera del terreno electoral y partidista.
Aunque el funcionario aclaró que el gobierno respeta el derecho de cualquier ciudadano o actor político de recurrir a los tribunales, advirtió firmemente que no habrá marcha atrás en los cambios aprobados por el Congreso.
El cambio que llevó el conflicto a los tribunales
El núcleo de la controversia es el cambio en el esquema de pago a los concesionarios, ya que bajo las reglas anteriores, el Estado funcionaba con un modelo de “kilómetros garantizados”, lo que significaba que si una ruta estaba proyectada para 270 kilómetros, el gobierno debía pagarla por completo, incluso si el autobús solo recorría 180 kilómetros en la práctica, y con la nueva reforma, el pago se condiciona estrictamente a los kilómetros que las unidades recorran de manera efectiva.
Pérez Avilés aseguró que esta medida busca frenar el millonario desajuste financiero de la ATY, que de acuerdo con datos oficiales, las fallas en el control de la ley previa obligaron al Estado a inyectar un subsidio extraordinario de casi mil 600 millones de pesos, superando por mucho el presupuesto original de 854 millones.
Indicó que para el ejercicio actual, el plan es estabilizar la balanza con un subsidio topado en mil 121 millones de pesos.
Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza el recurso y el gobierno estatal prepara su respuesta formal a la notificación, el nuevo modelo de movilidad de Yucatán se mantiene firme en las calles, pero bajo la estricta lupa del arbitraje judicial
