Por Yoisi Moguel
KIMCHIL, Yuc., 15 de enero de 2026.- Por desafiar abiertamente las leyes ambientales de México, en un proyecto avícola la empresa Productora Nacional de Huevo (CRÍO) se encuentra bajo la lupa de la justicia federal.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) formalizó una ampliación de denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras detectar que, pese a estar clausurados, los trabajos de deforestación en un predio de Kinchil nunca se detuvieron.
Lo que comenzó como una sanción administrativa se convirtió en un conflicto legal grave que incluye el desacato de sellos federales y la desaparición de maquinaria bajo resguardo.
La selva que ya no existe: 13 hectáreas borradas del mapa
Desde noviembre de 2025, la Profepa impuso una clausura total al detectar la remoción ilegal de 13.7 hectáreas de vegetación forestal, ya que la empresa operaba sin el permiso de Cambio de Uso de Suelo, una autorización vital para proteger el ecosistema yucateco.
Sin embargo, las comunidades locales alzaron la voz al notar que la maquinaria pesada seguía rugiendo en la zona, y al realizarse las inspecciones en enero de 2026, las autoridades confirmaron que los sellos fueron ignorados.
La situación alcanzó un nivel crítico el pasado 9 de enero, cuando la Profepa aseguró precautoriamente un bulldozer y una retroexcavadora, pero la sorpresa fue mayor el 12 de enero cuando el personal regresó para verificar los sellos, y trabajadores de la constructora se negaron a recibir la orden oficial, observando que el bulldozer había sido movido y le habían retirado los sellos de “bien asegurado”.
Este manipuleo indebido de bienes asegurados por la federación es considerado un incumplimiento grave y reiterado, lo que obligó a la Profepa a escalar el caso a nivel penal.
Llamado a la justicia ambiental
El predio permanece actualmente bajo clausura, mientras la FGR inicia las investigaciones para castigar a los responsables de esta afectación ambiental y de la violación a las disposiciones federales.
Este caso se ha vuelto tendencia en la región, pues pone en duda el compromiso ambiental de grandes industrias y la facilidad con la que algunas empresas intentan burlar la vigilancia del Estado a costa del patrimonio natural de los yucatecos.
La Profepa advirtió que no dará marcha atrás y trabajará hombro con hombro con el Ministerio Público Federal para que este ecocidio y desacato no queden impunes.
