Por Yoisi Moguel
MÉRIDA, Yuc., 23 de marzo de 2026.- Organizaciones civiles, colectivos y comunidades mayas lanzaron un llamado urgente a los tres niveles de gobierno para emitir una declaratoria de emergencia socioambiental en la región peninsular, demanda que surge tras las alarmantes conclusiones del relator especial de la ONU, Marcos Orellana, quien documentó una crisis estructural que vulnera la salud y el entorno del pueblo maya.
El relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos advirtió sobre el crecimiento desmedido de la industria porcícola y el uso de agrotóxicos que están colapsando el ecosistema local.
Señaló que la naturaleza kárstica del suelo yucateco, altamente poroso, facilita que los contaminantes alcancen rápidamente el acuífero.
La situación ambiental en la península, apuntó, refleja una crisis estructural que afecta de manera directa a comunidades, particularmente al pueblo maya.
El informe presentado muestra la existencia de más de 500 instalaciones porcícolas, muchas operan sin consultas previas ni permisos ambientales adecuados.
Tóxicos permean el subsuelo
Sobre la contaminación del agua, apuntó, se detectó la filtración de hormonas, antibióticos y desechos en el anillo de cenotes, comprometiendo el derecho a este recurso limpio.
El uso intensivo de sustancias como el glifosato, fipronil y neonicotinoides ha provocado muertes masivas de abejas, golpeando la economía apícola tradicional.
El problema consideró desencadenó una crisis de salud, en varias comunidades, el agua de pozo ya no es apta para consumo, incluso se encontraron rastros de glifosato en agua embotellada comercializada en la zona.
Exigencias de las organizaciones
El posicionamiento, encabezado por el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal A. C., demanda acciones inmediatas para frenar lo que consideran un modelo extractivo insostenible.
Las organizaciones civiles establecieron una hoja de ruta crítica que inicia con la suspensión inmediata de nuevas autorizaciones para proyectos extractivos, agroindustriales e inmobiliarios.
Esta medida busca frenar el avance de desarrollos que generen impactos ambientales negativos y garantizar, de manera efectiva, el derecho a la consulta indígena, permitiendo que los pueblos originarios recuperen la autonomía sobre las decisiones que afectan su territorio.
Asimismo, la demanda incluye la implementación urgente de un sistema de monitoreo epidemiológico para evaluar y registrar los efectos de las sustancias tóxicas en la salud de los habitantes.
Este esfuerzo debe ir acompañado de una política integral de reparación del daño, que permita movilizar recursos públicos para sanear los cuerpos de agua contaminados y restaurar los ecosistemas degradados por la actividad industrial y el uso de agrotóxicos.
Las organizaciones enfatizaron que la declaratoria de emergencia no es solo una etiqueta administrativa, sino una herramienta necesaria para obligar a la transparencia y a la creación de una mesa de atención donde participen activamente la academia, la sociedad civil y las comunidades afectadas.
