Por Yoisi Moguel
TINUM, Yuc., 3 de julio de 2026.- El conflicto entre el Consejo Indígena de Gobierno de Pisté y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) volvió a escalar, luego de que la representación comunitaria rechazó la versión de la dependencia federal sobre un supuesto acuerdo para implementar un sistema de registro diario para el ingreso de artesanos a la zona arqueológica de Chichén Itzá.
El Consejo Indígena aseguró que el mecanismo de control nunca recibió su aprobación y sostuvo que las transmisiones públicas de las mesas de trabajo, así como los documentos oficiales firmados por las partes, muestran que no existió un consenso sobre esa medida.
La representación comunitaria afirmó que la versión difundida por el INAH no corresponde a los acuerdos alcanzados durante las reuniones entre autoridades y artesanos.
Mantienen el nuevo esquema de acceso
El INAH, con el respaldo de la Secretaría de Cultura y del Gobierno de Yucatán, mantiene la decisión de implementar el nuevo sistema de registro, al señalar que la medida busca fortalecer la seguridad al interior del sitio arqueológico.
Además, las autoridades advirtieron que podrían cerrar de manera definitiva la Puerta 1, acceso utilizado de forma habitual por los trabajadores, si persiste el incumplimiento de la disposición.
Artesanos defienden el padrón vigente desde 2014
El Consejo Indígena señaló que los artesanos cuentan con un padrón interno de control que opera desde 2014, por lo que considera innecesario establecer un nuevo mecanismo de registro.
La organización sostiene que la nueva disposición duplica un sistema ya existente y afecta el proceso de diálogo entre ambas partes, en un contexto marcado por diferencias sobre la operación del acceso al sitio arqueológico.
Un conflicto con antecedentes históricos
La disputa por la actividad comercial dentro de Chichén Itzá se mantiene desde hace décadas. Las comunidades mayas de la zona sostienen que tienen un derecho histórico para comercializar sus artesanías dentro del recinto, al considerar que el desarrollo turístico se estableció sobre sus tierras ancestrales.
Por su parte, las administraciones federales y estatales han impulsado en distintos momentos medidas de ordenamiento y regulación para la operación del sitio. En este nuevo escenario, el INAH prioriza los controles de acceso por motivos de seguridad, mientras que el Consejo Indígena de Pisté sostiene que cualquier cambio sin consenso afecta su autonomía y el sustento económico de cientos de familias que dependen de la actividad diaria en la zona arqueológica.
