Por años, México ha tenido las capacidades industriales, científicas y empresariales para consolidar una industria farmacéutica robusta.
Lo que ha faltado —y hoy comienza a corregirse— es la articulación institucional. La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, emerge como un actor clave para coordinar esfuerzos entre dependencias y traducir el potencial en inversión productiva de largo plazo.
La renovación del Consejo Directivo de la AMELAF, con el nombramiento de Astrea Ocampo como su primera presidenta, marca no sólo un hito histórico, sino también una señal clara de hacia dónde debe evolucionar el sector: mayor producción nacional, impulso a genéricos y biosimilares, fortalecimiento de investigación clínica y, sobre todo, una vocación exportadora más agresiva.
Pero alcanzar estos objetivos requiere algo más que voluntad empresarial. Implica eliminar fricciones regulatorias, homologar criterios entre autoridades y garantizar certidumbre a los inversionistas.
En este contexto, el propio Plan México plantea la necesidad de mantener un diálogo técnico permanente entre dependencias para facilitar inversiones. Sin coordinación interinstitucional, los proyectos simplemente no escalan.
El reto es sistémico. Cofepris debe acelerar procesos regulatorios sin comprometer estándares; la Secretaría de Salud debe alinear compras públicas con desarrollo industrial; y Economía debe fungir como eje integrador que elimine duplicidades y reducir barreras técnicas al comercio. Como lo ha dicho Ebrard, cada día de retraso regulatorio es inversión que no llega a México.
La compra consolidada de medicamentos 2027-2028, estimada en cerca de 400 mil millones de pesos, podría convertirse en un catalizador de inversión si se vincula con producción nacional.
México además de fortalecer su soberanía sanitaria, puede dar el salto hacia convertirse en una potencia exportadora de medicamentos en la siguiente década. La industria está lista.
SUSURROS
- En Nuevo León, continúa la ofensiva contra la pedrera Matrimar. Esta vez es la diputada morenista Petra Romero Gómez quien, envuelta en un discurso ambiental, es ahora la que exige clausurar la operación de la pedrera en la Sierra de Picachos que genera más de 500 empleos. Los mal pensados se preguntan si esto responde a un encargo del propio Samuel García. Porque cuando el activismo es selectivo, deja de ser creíble. A eso se suman señalamientos delicados sobre presiones a empresas, expuestos por figuras como Rebeca Clouthier. Así, lo que se presenta como una causa ambiental corre el riesgo de convertirse en un “trabajo sucio”.
- En Washington, el líder sindical y diputado federal Pedro Haces, participó en reuniones convocadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en donde destacó la vigencia de la institución como instrumento para fortalecer la vida democrática en el continente. Y llamó a la coordinación entre los países de América latina.
