Por Yoisi Moguel
MÉRIDA, Yuc., 30 de marzo de 2026.– En un enérgico llamado, un grupo de trabajadores jubilados del sector eléctrico, específicamente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la región sureste, expresó su profunda preocupación ante la propuesta de reforma al artículo 127 de la Constitución.
Durante una manifestación en el Congreso del Estado de Yucatán, mujeres y hombres que dedicaron décadas de servicio al país solicitaron de manera urgente el respaldo de los legisladores locales. Consideraron que esta medida representa un atentado directo contra sus derechos adquiridos y contra la seguridad social que obtuvieron conforme a la ley.
Rechazan ser “jubilados de segunda”
En un documento integrado por cuatro puntos principales, los jubilados expusieron sus demandas y argumentos a los 35 diputados locales. Entre sus exigencias destacaron el respeto al Estado de Derecho, al señalar que sus pensiones fueron obtenidas legalmente mediante convenios aprobados por autoridades competentes.
Asimismo, demandaron un alto a cualquier aplicación retroactiva de la ley y exigieron respeto absoluto a sus derechos humanos como adultos mayores.
Los inconformes también rechazaron cualquier intento de clasificarles como “jubilados de segunda”. En el documento sostienen que “no se puede construir justicia a partir de la injusticia”, por lo que se niegan a que se vulneren sus derechos legítimos o se les estigmatice después de décadas de servicio honesto.
Cuestionan eficacia de la reforma
Además, señalaron la supuesta ineficacia de la reforma para resolver el problema de pensiones, al argumentar que la CFE ya cuenta desde hace años con un esquema de cuentas individuales que busca garantizar la viabilidad del sistema.
Por ello, afirmaron que la modificación constitucional propuesta no representa una solución real a la problemática pensionaria del país, y advirtieron que afectar derechos laborales podría desincentivar la retención de talento humano en un sector estratégico para el desarrollo nacional.
Finalmente, puntualizaron que, si bien rechazan cualquier pensión obtenida de manera irregular, exigen que cada caso sea analizado de manera individual, sin generalizar ni afectar a miles de trabajadores que cumplieron cabalmente con los requisitos establecidos por la ley.
