Por Yoisi Moguel
MÉRIDA, Yuc., 27 de febrero de 2026.- En un llamado urgente para frenar lo que describen como un “etnocidio en vivo y a todo color”, representantes de diversas comunidades indígenas de Yucatán anunciaron una movilización estatal para denunciar el avance de mega granjas e inmobiliarias que —aseguran— están devastando el patrimonio ambiental, cultural y arqueológico del estado.
La marcha está programada para el sábado 21 de marzo, a las 3 de la tarde en el Remate del Paseo de Montejo, desde donde partirán rumbo al Palacio de Gobierno.
La fecha, subrayaron los organizadores, se eligió por su simbolismo: coincide con el natalicio de Benito Juárez y con el equinoccio de primavera, elementos que representan la búsqueda de equilibrio frente al despojo territorial.
Denuncian afectaciones
Voceros de comunidades de Kinchil, Ixil, Dzitnup, Molas, Santa María Chí y Sisal señalaron que la marcha responde al crecimiento acelerado de proyectos avícolas, porcícolas e inmobiliarios que operan, según denunciaron, con falta de supervisión y regularización estatal.
Uno de los señalamientos más graves surgió desde Kinchil, donde Federico Cuitún, del Consejo Comunitario, acusó a la empresa Crío de destruir estructuras arqueológicas conocidas como Coloctó, ubicadas cerca de Tzemé.
Entre lo dañado, aseguró, se encuentran pirámides, un juego de pelota y pozos antiguos: “Hasta hoy no hay ningún castigado”, lamentó.
Ante estos hechos, las comunidades exigieron la renuncia del director del INAH Yucatán, a quien responsabilizan por omisión e incompetencia.
Acción por el medio ambiente
La defensora territorial Gregoria Dzul recalcó que la lucha no es económica: “No nos vendemos ni queremos dinero, queremos que Tzemé esté libre”. En la rueda de prensa también se recordó a Felipa Poot, líder maya asesinada hace 90 años, como símbolo de resistencia ante nuevas formas de opresión.
En el plano legal, Sergio Oceransky, de la Fundación Yansa, informó sobre un revés en el caso Ciudad Maderas, donde un juzgado levantó la suspensión definitiva del proyecto luego de que la empresa pagara 27.3 millones de pesos, pese a haberse acreditado deforestación y obras no autorizadas.
No todo son retrocesos: en Santa María Chí, la empresa porcícola San Gerardo tiene hasta el 30 de abril para retirar los últimos animales de sus instalaciones, aunque persiste la preocupación por las fosas de oxidación y desechos que podrían permanecer como pasivo ambiental.
En contraste, Dzitnup reportó resultados positivos tras recuperar la administración de los cenotes X-Kekén y Samulá. Con la gestión comunitaria, señalaron, se ha logrado financiar mejoras como techos escolares y alumbrado público, demostrando que existen alternativas sustentables al modelo extractivista.
