Por Yoisi Moguel
MÉRIDA, Yuc., 24 de marzo de 2026.- La Asociación Ganadera Local de Porcicultores de Mérida (AGLPM) fijó postura frente a las recientes declaraciones de Marcos Orellana, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, quien advirtió sobre riesgos ambientales y a la salud relacionados con las denominadas “fábricas de animales” en México.
A través de un comunicado firmado por su presidente, Manuel Quijano Canto, el organismo exigió transparencia, rigor técnico y evidencia verificable para sustentar las conclusiones emitidas por el funcionario internacional, al considerar que sus afirmaciones generan preocupación y afectan directamente la imagen del sector porcícola en la entidad.
Piden claridad
En su posicionamiento, la agrupación cuestionó el proceso mediante el cual se elaboró el diagnóstico difundido por el relator de la ONU. En particular, solicitó que se haga público el protocolo de consulta, así como los criterios técnicos, visitas de campo y actores productivos que fueron considerados antes de emitir una valoración sobre la actividad porcícola en el país.
Los porcicultores expresaron su inconformidad ante lo que calificaron como un juicio público sin contraste integral, al advertir que este tipo de señalamientos puede derivar en la estigmatización de una actividad económica estratégica para Yucatán y para la seguridad alimentaria nacional.
“Lo que no ayuda es convertir un debate técnico y territorial en una campaña de estigmatización contra una actividad que genera empleo y contribuye a la seguridad alimentaria del país”, señaló la AGLPM en el documento.
Defienden peso económico del sector
La organización subrayó que Yucatán aporta alrededor del 12% de la producción nacional de carne de cerdo, lo que convierte a esta actividad en uno de los pilares del sector agroindustrial del estado. Además, destacó que la cadena de valor vinculada a la porcicultura sostiene más de 30 mil empleos directos e indirectos en la región.
En ese sentido, los productores insistieron en que cualquier evaluación sobre el impacto de esta industria debe realizarse con base en información técnica, verificable y contextualizada, tomando en cuenta tanto los desafíos ambientales como la relevancia económica y social de la actividad.
Frente a las preocupaciones sobre posibles afectaciones al medio ambiente, la AGLPM afirmó que el sector mantiene una coordinación permanente con autoridades federales, entre ellas la Semarnat y la Conagua, en temas relacionados con el cumplimiento de la normatividad ambiental.
Entre los puntos que la agrupación destacó en su defensa se encuentran la inversión en mejora continua, especialmente en el tratamiento de aguas residuales, el manejo de residuos, así como la implementación de estándares de bioseguridad, trazabilidad y control sanitario.
Aceptan sanciones si existen irregularidades
La asociación también sostuvo que, en caso de detectarse incumplimientos por parte de alguna unidad productiva, estos deben ser investigados y sancionados con apego a la ley, dejando en claro que el sector no rechaza la supervisión, sino que demanda procesos justos, técnicamente sustentados y sin generalizaciones.
Finalmente, el sector porcícola yucateco hizo un llamado a evitar que la discusión se contamine con “posiciones extremas” que profundicen la polarización social en las comunidades. Reiteró además su disposición a corregir lo que sea necesario, siempre que las soluciones se construyan desde la evidencia científica, el diálogo y no desde la descalificación de una actividad que, afirmaron, es fundamental para miles de familias del sureste mexicano.
