Por Yoisi Moguel
PROGRESO, Yuc., a 02 de julio de 2026.- Una obra vial de aproximadamente 800 metros de longitud, construida en la entrada principal del puerto para conectar las calles 84 y 100, colocó al municipio de Progreso en el centro de la controversia, luego de que ciudadanos denunciaran una presunta afectación a una zona de manglares protegida por la legislación ambiental.
El proyecto, ejecutado con maquinaria pesada durante la administración del alcalde Erik Rihani González, implicó la remoción de vegetación y el relleno de áreas de ciénaga, acciones que, de acuerdo con habitantes y organizaciones locales, habrían impactado directamente un ecosistema considerado de alta importancia ambiental.
Las críticas también se centran en la utilidad de la nueva vialidad. Diversos sectores sostienen que la obra carece de una justificación en términos de conectividad urbana y que, presuntamente, favorecería intereses particulares, mientras que el Ayuntamiento ha mantenido reserva sobre los detalles técnicos del proyecto.
Entre las principales inquietudes se encuentra la falta de información pública sobre la existencia de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) necesarias para intervenir en este tipo de humedales, requisito previsto en la Ley General de Vida Silvestre y cuya omisión podría derivar en responsabilidades administrativas e incluso penales.
Captan atención de la Federación
La controversia escaló al ámbito federal. Versiones extraoficiales señalan que el representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Yucatán, Guillermo Porras Quevedo, habría advertido que las presuntas irregularidades podrían derivar en una multa millonaria para el Ayuntamiento.
Sin embargo, hasta el momento ni la Semarnat ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han emitido un posicionamiento oficial sobre el caso, situación que ha generado inconformidad entre habitantes de Progreso, quienes consideran que la ausencia de medidas inmediatas debilita la aplicación de la legislación ambiental.
Ante ello, un grupo de ciudadanos organizados inició acciones para solicitar la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que se realicen inspecciones federales, se determine la legalidad de la obra y, en su caso, se deslinden las responsabilidades correspondientes por los presuntos daños ocasionados al entorno natural del puerto.
