Por Staff
WASHINGTON D.C., EU., a 16 de julio de 2026.- El Departamento de Estado de Estados Unidos designó al Cártel de Juárez y a Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT), una decisión que amplía la estrategia del gobierno del presidente Donald Trump para combatir a los grupos del crimen organizado vinculados al narcotráfico.
En un comunicado oficial, Washington aseguró que ambas organizaciones han perpetrado ataques contra ciudadanos estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles, y citó como uno de los casos más representativos la masacre ocurrida en Sonora en 2019, donde fueron asesinados nueve integrantes de la comunidad LeBarón, entre ellos tres mujeres y seis menores de edad, crimen atribuido a La Línea, considerada la principal facción del Cártel de Juárez.
EU endurece su ofensiva
La administración estadounidense afirmó que continuará utilizando “todas las herramientas disponibles” para frenar el flujo de drogas hacia su territorio, desmantelar las estructuras financieras de los llamados “narcoterroristas” y reforzar la seguridad en la frontera. La designación forma parte de la política impulsada por Trump desde 2025 para endurecer las acciones contra organizaciones criminales latinoamericanas.
Con esta medida, todos los bienes e intereses financieros de ambos grupos que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de personas sujetas a la legislación de ese país quedarán bloqueados. Asimismo, ciudadanos y empresas de Estados Unidos tendrán prohibido realizar cualquier tipo de transacción con estas organizaciones, mientras que otras agencias federales podrán fortalecer investigaciones y procesos judiciales relacionados.
El Cártel de Juárez y Los Viagras se suman así a otros seis grupos criminales mexicanos que ya habían sido incorporados a la lista de organizaciones terroristas extranjeras, entre ellos el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), consolidando una estrategia que incrementa la presión diplomática y financiera sobre las organizaciones delictivas que operan en México.
