Por Yoisi Moguel
MÉRIDA, Yuc., 7 de abril de 2026.- En un paso decisivo para frenar el deterioro ambiental, autoridades federales y estatales formalizaron una estrategia conjunta de vigilancia y control sobre la industria porcícola, uno de los sectores más señalados por su impacto en los ecosistemas locales.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS) oficializaron un Convenio Específico de Coordinación, con el objetivo de garantizar que la operación de las granjas no comprometa el equilibrio ecológico del estado.
Para ello, se establece una hoja de ruta a cuatro años, en la que la SDS podrá solicitar dictámenes técnicos a la Semarnat sobre el impacto ambiental de las unidades de producción.
Uno de los elementos más relevantes es el carácter vinculante del acuerdo, que obliga a la autoridad estatal a acatar las medidas de mitigación determinadas por instancias federales en la toma de decisiones.
“El objetivo es diseñar propuestas de prevención, mitigación y compensación que realmente frenen los impactos negativos de las granjas”, señala el documento oficial.
El convenio, con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030, se sustenta en tres ejes principales. El primero es la capacitación técnica, mediante la cual Semarnat brindará asesoría para fortalecer la evaluación de impacto ambiental.
El segundo eje contempla una fiscalización activa, donde Profepa recibirá información detallada para activar operativos de inspección y vigilancia de manera inmediata.
El tercero es la transparencia y seguimiento, con la creación de un Comité Técnico que sesionará trimestralmente y generará informes anuales para evaluar resultados.
Con la entrada en vigor del convenio, se advierte que ninguna granja podrá operar si rebasa los límites de protección ambiental o genera afectaciones al sistema hidrológico de la península.
Este esfuerzo marca un precedente en la gestión ambiental de Yucatán, colocando bajo mayor regulación a una industria clave para la economía, pero que ahora deberá alinearse estrictamente con criterios de sustentabilidad.
