MÉRIDA, Yuc., a 9 de agosto de 2026.- Comunidades mayas de distintos puntos de Yucatán salieron a las calles del centro de Mérida para exigir respeto a sus territorios y rechazar proyectos que, denunciaron, representan una amenaza para tierras comunitarias, recursos naturales y sitios de importancia cultural.
La movilización se realizó en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El contingente partió del Remate de Paseo de Montejo y avanzó hasta la Plaza Grande, con la participación de integrantes de los consejos comunitarios indígenas de Kinchil, Santa María Chí, Sisal, Dzitnup, Molas y Caucel Pueblo.
Del gasoducto a desarrollos inmobiliarios
Aunque las problemáticas expuestas fueron distintas, los participantes coincidieron en exigir que las comunidades tengan voz sobre cualquier proyecto que pretenda instalarse o avanzar en sus territorios.
Durante el recorrido se sumaron habitantes de Gran Calzada que se oponen al proyecto de gasoducto de Engie, defensores de la duna costera de Chuburná Puerto que rechazan el desarrollo inmobiliario Las Dunas y personas que denunciaron afectaciones a vestigios arqueológicos de Dzoyilá relacionadas con la construcción de un supermercado.
También fueron cuestionados desarrollos habitacionales, instalaciones turísticas, granjas porcícolas y avícolas, infraestructura energética y actividades de extracción de material pétreo.
Entre las consignas se escucharon “¡Agua sí, saqueo no!”, “¡Selva sí, despojo no!” y “¡El territorio no se vende; se ama y se defiende!”.
Los manifestantes plantearon que los proyectos en tierras indígenas deben contar con consentimiento previo, libre e informado y reclamaron la restitución de territorio ancestral.
Reclaman garantías para quienes defienden sus tierras
La protesta también incluyó señalamientos por presunta intimidación y criminalización de personas involucradas en la defensa territorial y ambiental.
Los participantes mencionaron el conflicto por tierras comunitarias de Ixil, donde tres personas fueron vinculadas a proceso, así como los casos del comisario de Santa María Chí y de un integrante de Dzitnup que, según denunciaron, fue detenido y sufrió actos de violencia.
Al llegar a Palacio de Gobierno, representantes entregaron un pliego en el que solicitaron protección del territorio ancestral, respeto a la autonomía y derechos colectivos, atención a daños ambientales y garantías para los defensores.
También pidieron la intervención de Semarnat, Profepa e INAH para revisar los casos denunciados y hacer cumplir las disposiciones ambientales y de protección del patrimonio.
