CIUDAD DE MÉXICO, a 12 de marzo de 2026.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el próximo lunes enviará al Congreso una nueva iniciativa de reforma electoral, a la que se refirió como Plan B, luego de que la propuesta constitucional impulsada por su gobierno fuera rechazada en la Cámara de Diputados de México al no alcanzar la mayoría calificada requerida.
Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que el resultado de la votación no representa una derrota política para su administración y aseguró que la nueva propuesta mantendrá el objetivo central de reducir lo que calificó como privilegios en distintos niveles de gobierno.
“No es una derrota; todos sabíamos que no se iba a aprobar”, afirmó la presidenta al referirse al dictamen que fue desechado en el pleno de la Cámara baja.
La iniciativa que enviará el Ejecutivo federal busca establecer límites al presupuesto que reciben los congresos locales, con el argumento de que existen diferencias significativas en el gasto por legislador entre estados.
Como ejemplo, la mandataria mencionó que el costo por diputado puede alcanzar 34.8 millones de pesos en Baja California, mientras que en Colima ronda los 5.1 millones y en Morelos llega a 31.8 millones, cifras que —dijo— reflejan disparidades que deben revisarse.
De acuerdo con la presidenta, la propuesta plantea fijar un tope máximo al presupuesto destinado a los congresos estatales, con el fin de que los recursos que se liberen se utilicen en necesidades locales.
Según lo explicado en la conferencia, los ahorros derivados de esta medida podrían ascender a alrededor de cuatro mil millones de pesos, recursos que —subrayó— permanecerían en los estados y municipios y no en el gobierno federal.
Reducción de regidores y consultas electorales
Otro de los puntos incluidos en el Plan B será revisar el número de regidores en los ayuntamientos. La presidenta cuestionó que algunos municipios tengan plantillas amplias de funcionarios, lo que, a su juicio, incrementa el gasto público sin traducirse necesariamente en mejores resultados administrativos.
Como referencia, mencionó que Acapulco cuenta con 20 regidores, Monterrey con 28 y Puebla con 23, además de municipios que tienen varios síndicos. El planteamiento del Ejecutivo es establecer límites que permitan reducir estos cargos y destinar los recursos liberados a obras públicas y servicios básicos en los municipios.
El proyecto también contempla ampliar los mecanismos de participación ciudadana, particularmente mediante modificaciones a la consulta popular. Actualmente, la legislación limita que temas electorales puedan someterse a votación pública.
La propuesta buscará permitir que algunos asuntos, como el financiamiento a partidos políticos, puedan ser consultados directamente a la ciudadanía.
Asimismo, la iniciativa incluirá cambios a la revocación de mandato, para que este ejercicio pueda realizarse en el tercer o cuarto año del sexenio, y no únicamente en el cuarto año como establece la legislación vigente.
