Por Staff
MÉRIDA, Yuc; a 21 de julio de 2026.- En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han comenzado a surgir versiones sobre presuntas presiones alrededor de la licitación pública nacional electrónica LA-06-400-006400001-N-11-2026, mediante la cual el Gobierno federal busca contratar de manera consolidada el servicio de arrendamiento vehicular para más de 90 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
De acuerdo con fuentes consultadas al interior de la dependencia, el equipo de la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, enfrentaría una intensa labor de cabildeo en la etapa previa a la emisión del fallo del procedimiento, programado para el próximo 31 de julio.
Las mismas versiones atribuyen esa operación al ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas (TUAF) de la SHCP, Jorge Trejo Bermúdez, quien, presuntamente con el respaldo de funcionarios que permanecen en la dependencia desde la gestión de la oficial Mayor, Thalía Lagunas, buscaría que el procedimiento fuera declarado desierto.
Fuentes consultadas también señalan que empresas participantes en el concurso, entre ellas Casanova Vallejo e Impulsa tu Ganancia de la mano de Arrendo Serv habrían conseguido retrasar el inicio de la revisión de las propuestas económicas y la publicación del acta de evaluación.
Súper licitación
La licitación constituye uno de los procedimientos de contratación más relevantes del año. La convocatoria contempla el arrendamiento de entre 10 mil 422 y 18 mil 217 vehículos, distribuidos en 30 partidas, para atender las necesidades de más de 90 dependencias y entidades federales durante un periodo de 48 meses, con recursos correspondientes a los ejercicios fiscales 2026 a 2030.
Entre las instituciones que serán beneficiadas por el contrato se encuentran Petróleos Mexicanos (Pemex), IMSS-Bienestar, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Banco del Bienestar, la Comisión Nacional del Agua y diversas dependencias de la Administración Pública Federal.
Las fuentes consultadas advirtieron que una eventual declaratoria de desierto implicaría replantear el procedimiento de contratación, con el consecuente retraso en la disponibilidad de la flotilla vehicular. En su opinión, ese escenario podría afectar la operación de programas prioritarios y de diversas dependencias que dependen de estas unidades para realizar actividades sustantivas en campo y prestar servicios públicos.
En paralelo, funcionarios consultados señalaron que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, mantiene seguimiento al desarrollo del procedimiento.
