Por Staff
TABASCO, Méx., a 28 de abril de 2026.— El programa Crédito Ganadero a la Palabra enfrenta cuestionamientos en Tabasco tras señalamientos de productores y actores del sector pecuario sobre posibles irregularidades en la procedencia del ganado distribuido anualmente.
De acuerdo con versiones recabadas en el sector, parte de las más de 16 mil novillonas entregadas cada año no corresponderían a producción nacional, sino que provendrían de Centroamérica, donde serían adquiridas a menor costo para posteriormente integrarse al programa como si fueran de origen mexicano.
Este esquema, señalan las fuentes, generaría márgenes económicos significativos, derivados de la diferencia entre el precio de compra en el extranjero y el valor reportado dentro del programa, con estimaciones que superan los 100 millones de pesos por ciclo.
Advierten riesgos
Además del impacto financiero, especialistas advierten sobre posibles riesgos sanitarios, al señalar que el ingreso de ganado sin controles rigurosos podría comprometer la sanidad pecuaria, en un contexto en el que México enfrenta restricciones por enfermedades como el gusano barrenador.
Otro punto crítico es el uso de aretes del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SIINIGA), mecanismo que permite rastrear el origen de los animales. Su uso irregular podría facilitar la incorporación de ganado extranjero en registros nacionales, alterando la trazabilidad del hato.
En las denuncias también se menciona la posible participación de actores políticos y del sector ganadero, entre ellos Joaquín Alejandro Ligonio, subsecretario del gobierno estatal, y José Sabino Herrera Dagdug, senador de la República, lo que ha elevado la presión para que autoridades federales y estatales investiguen el caso y deslinden responsabilidades.
De acuerdo con fuentes del ámbito gubernamental, la situación ya habría sido conocida por el gobernador Javier May Rodríguez. En paralelo, versiones del sector indican que el esquema también habría sido presentado a autoridades de Chiapas, particularmente al secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arocha, con la intención de evaluarlo para su posible implementación.
Mientras tanto, el tema comienza a escalar a nivel regional, luego de que trascendiera que este modelo podría haberse planteado en otras entidades, lo que abre un debate sobre la transparencia, legalidad y control sanitario en programas de apoyo al campo.
