Por Yoisi Moguel
MÉRIDA, Yuc., 6 de mayo de 2026.— Liderazgos del pueblo maya y actores jurídicos lanzaron un ultimátum al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) para que, en un plazo de 15 a 20 días, instale la Defensoría Pública de los Derechos Políticos Electorales, o de lo contrario enfrentarán medidas de presión como plantones y el cierre de la institución.
Acusan omisión
Los demandantes denunciaron que, a casi cuatro años del decreto que ordena su creación, la autoridad electoral local ha incurrido en omisiones, falta de transparencia y racismo estructural, lo que impide el acceso a la justicia electoral para amplios sectores de la población maya en Yucatán.
El conflicto escaló luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocara, el pasado 15 de abril, una resolución del tribunal local que pretendía dar por cumplida la sentencia relacionada con la creación de la Defensoría.
Bajo el expediente SUP-JDC-124-2026, la máxima autoridad electoral del país determinó que la Defensoría debe estar instalada y en funcionamiento al inicio del proceso electoral 2026, sin excusas, dilaciones ni argumentos relacionados con la falta de presupuesto.
Juan Alberto Baas Tec, vocero del movimiento, señaló que el IEPAC únicamente ha realizado “gestiones mínimas”, sin asignar presupuesto real ni contratar personal, pese a que el Decreto 655-2023 establece que la Defensoría debe operar como un órgano autónomo y gratuito para grupos vulnerables.
Rechazan decisiones unilaterales
Baas Tec también cuestionó que el IEPAC firmara un convenio con una organización denominada CEPAIDET sin consultar a los promoventes de la demanda ni a los liderazgos comunitarios.
“A esa organización no la conoce nadie. ¿Por qué no nos consideraron a los demandantes? No nos informan ni nos invitan”, reclamó.
Por su parte, Silvia Chan Nieves criticó la pasividad del Consejo General del IEPAC y acusó falta de voluntad política tanto de la presidencia como de las consejerías, al señalar que sus decisiones se han tomado sin una verdadera perspectiva intercultural.
Piden consulta indígena
En su intervención, Genny Martín Sosa advirtió que no aceptarán “defensores de oficina” impuestos por la autoridad electoral. Explicó que las principales exigencias son una convocatoria pública, una consulta indígena para seleccionar al personal y perfiles de defensores de origen indígena, con trayectoria comunitaria y compromiso social.
También demandan la creación de un Comité de Vigilancia Ciudadana, cuya propuesta fue entregada desde el pasado 13 de marzo, pero que, según denunciaron, ha sido ignorada por el IEPAC.
Buscarán intervención estatal
Tras el encuentro con medios de comunicación, el grupo se trasladó al Palacio de Gobierno para solicitar una audiencia con el gobernador Joaquín Díaz Mena, con el objetivo de pedir su intervención para garantizar el cumplimiento del fallo federal.
“La Defensoría no es un regalo, es un derecho”, concluyó Baas Tec, quien advirtió que, si no hay avances claros en las próximas dos semanas, habrá movilización social para exigir justicia electoral para la población indígena de Yucatán.
