Por Yoisi Moguel
MÉRIDA, Yuc., 16 de febrero de 2026.— Pese a una sentencia judicial firme y a presupuestos millonarios asignados desde 2023, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) mantiene congelada la Defensoría Pública Electoral, situación que vulnera los derechos políticos de cerca del 62% de la población del estado, integrada por comunidades indígenas mayas.
Líderes de organizaciones indígenas exigieron el fin de lo que calificaron como simulación política, al señalar que existe un mandato judicial vigente (JDC-059/2025) y recursos aprobados mediante el Decreto 655-2023, sin que la defensoría haya sido instalada.
El “elefante blanco” de la democracia
Juan Efraín Miranda, Silvia Chan y Juan Alberto Baas, representantes de los consejos indígenas, denunciaron que el IEPAC justifica la omisión con supuestos recortes presupuestales, argumento que consideraron insostenible, ya que los recursos están etiquetados para 2025 y 2026.
Un muro contra los “diputados espurios”
La lucha, explicaron, surge del hartazgo comunitario por la usurpación de candidaturas indígenas. Recordaron que tras los procesos electorales de 2018 y 2021, actores políticos se auto adscribieron falsamente como indígenas para ocupar curules, mientras los beneficios legislativos para las comunidades fueron temporales y simbólicos.
“No queremos más acciones afirmativas de papel; exigimos derechos permanentes en la Constitución Estatal”, sentenciaron los dirigentes mayas.
La Defensoría no será un premio de consolación
Para evitar que el nuevo órgano se convierta en una extensión burocrática, el movimiento presentó un pliego de 15 puntos, con cuatro exigencias centrales: identidad real —titulares mayas y maya-hablantes—; cero conflicto de interés, rechazando el reciclaje de personal del propio IEPAC; vigilancia ciudadana, mediante una comisión social que fiscalice decisiones y recursos; y limpieza total, descartando nombramientos como premios a exfuncionarios.
El gigante despierta
Con el respaldo del Supremo Consejo Maya y el Movimiento Indígena, los líderes advirtieron que no darán marcha atrás. Subrayaron que en un estado donde seis de cada diez personas son de origen maya, la ausencia de la defensoría constituye una vulneración sistemática de derechos.
Recordaron que la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY), emitida el 29 de agosto de 2025, fue clara al señalar que el IEPAC está incumpliendo. Por ello, lanzaron un ultimátum: la Defensoría debe ser una realidad física antes del próximo proceso electoral, o la presión legal y social escalará a niveles sin precedentes.
