Por Yoisi Moguel
TINUM, Yuc., a 28 de mayo de 2026.- El conflicto que mantiene paralizada la zona arqueológica de Chichén Itzá escaló al terreno legal. Ante la falta de acuerdos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Gobierno del Estado, el Concejo Indígena de Gobierno de Pisté interpuso un juicio de amparo para frenar lo que consideran una imposición.
La comunidad maya busca revertir la obligatoriedad de usar el nuevo Centro de Atención a Visitantes (Catvi) como el único acceso al sitio prehispánico.
La batalla jurídica quedó asentada bajo el expediente 1219/2026.
Sobre el planteamiento de las autoridades estatal y federal, el Concejo Indígena sostuvo que la medida gubernamental se tomó de forma unilateral y sin el consentimiento de los habitantes originarios.
El recurso legal, precisó, busca suspender de inmediato el cierre del antiguo parador turístico, una disposición oficial que, según los inconformes, vulnera los derechos y el sustento económico de la comunidad local.
El núcleo de la disputa gira en torno a la supervivencia económica de cientos de familias que operaban en las inmediaciones del antiguo acceso administrado por el Patronato Cultur.
Mientras que el INAH propone la reubicación de los artesanos hacia zonas que cataloga como “privilegiadas”, la comunidad maya denunció que el plan federal es excluyente y carece de visión integral.
La inconformidad comunitaria va más allá del comercio de artesanías, pues el frente de protesta resalta el desamparo de otros sectores clave que quedan fuera de la propuesta oficial, como los ejidatarios que operan los estacionamientos de la entrada histórica y los guías turísticos, quienes ahora se verían obligados a desplazarse más de dos kilómetros para poder ofrecer sus servicios en el nuevo Catvi.
Sin acuerdo no hay reapertura
La comunidad de Pisté exige un modelo de doble acceso donde convivan la entrada tradicional y el nuevo centro de visitantes, permitiendo a los trabajadores decidir libremente en qué punto laborar.
A su vez, el INAH se mantiene inflexible en habilitar una sola puerta de entrada, rigidez que los pobladores interpretan como una ruptura total al diálogo y una simulación de los procesos de consulta.
La parálisis turística alejó a los visitantes y genera pérdidas millonarias para la región.
En tanto se obtiene la respuesta jurídica, la reactivación del recinto arqueológico permanecerá supeditada al conflicto.
En este escenario, la comunidad indígena advirtió que no firmará ningún pacto de reapertura que no garantice condiciones equitativas para todas las familias afectadas.
