Por Yoisi Moguel
MÉRIDA, Yuc, a 22 de abril de 2026.- Las casas de hospedaje de corta estancia en Mérida enfrentan un cambio drástico en su estructura de costos tras la reciente determinación de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán de cobrarles tarifa comercial.
La Japay puso en marcha un operativo de regularización que obliga a más de 10 mil predios particulares, actualmente registrados bajo el esquema de vivienda familiar, a migrar formalmente a una tarifa de uso comercial tipo hotelero.
El director de la dependencia estatal, Francisco Torres Rivas explicó que esta medida pretende equilibrar la balanza comercial frente a la hotelería establecida y captar recursos urgentes para la modernización de la infraestructura hídrica de la ciudad.
“Para dar la oportunidad a los dueños de esas casas de regularizar su situación de manera voluntaria se estableció un periodo de gracia de seis meses“, aseguró.
Esta resolución, que ya cuenta con el aval de la Junta de Gobierno desde la semana pasada, responde directamente a las presiones de las cámaras empresariales que han denunciado una competencia desigual entre las plataformas digitales y los centros de hospedaje convencionales.
Advirtió que aquellos dueños que ignoren la notificación y no actualicen su estatus legal antes de que venza la prórroga se harán acreedores a una sanción económica de mil 175 pesos.
El impacto financiero para quienes ofrecen alojamiento a través de plataformas como Airbnb será inmediato y significativo.

Bajo el régimen doméstico actual, detalló, estos predios desembolsan apenas 107 pesos bimestrales; pero con la nueva clasificación, deberán cubrir una cuota fija de 250 pesos mensuales más el consumo registrado.
Adicionalmente, el proceso de regularización conlleva un pago inicial por derecho comercial que asciende a los 4 mil 649 pesos, cifra que representa una inversión considerable para el sector inmobiliario que opera bajo este modelo de negocio.
Esta disposición administrativa se alinea con las políticas municipales de Mérida, que ya exige licencias de uso de suelo específicas para quienes comercializan sus viviendas en aplicaciones turísticas.
El volumen de unidades habitacionales que funcionan como hoteles disfrazados supera ya la oferta de cuartos de la hotelería tradicional, lo que exige una recaudación más estricta para compensar la carga que estos miles de visitantes ejercen sobre el sistema hidráulico metropolitano.
El director de la Japay recordó que estas acciones se fundamentan en el Artículo 35 de su Ley Orgánica, el cual señala que cualquier cambio en la vocación de un inmueble, de uso familiar a comercial, debe ser notificado de inmediato.
“La ciudad requiere que cada peso recaudado por el servicio de agua sea proporcional al lucro que se obtiene del predio, permitiendo así reinvertir los fondos en el mantenimiento de una red que hoy soporta el peso de una expansión turística sin precedentes”, asentó.





















