Por Yoisi Moguel
MÉRIDA, Yuc, a 1 de abril de 2026.- El sector privado de Yucatán, integrado en el CCE, pidió que las evaluaciones sobre las granjas porcícolas del estado presentadas por la ONU abandonen los juicios genéricos y se basen estrictamente en datos técnicos comprobables, abriendo una mesa de negociación para evitar decisiones unilaterales.
Al confrontar los señalamientos emitidos sobre la crisis de contaminación del agua en la entidad, la cúpula empresarial llamó al Relator Especial de la Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas de la ONU Marcos A. Orellana a establecer un diálogo y apertura ante el dictamen emitido sobre las granjas porcinas en el estado.
El dictamen emitido, puntualizaron, debe incluir soluciones e información objetiva y verificable, para atender el problema y no estigmatizar al sector porcicultor.
Los empresarios señalaron que cualquier medida correctiva debe ir acompañada de propuestas técnicas que permitan a la industria adaptarse, protegiendo tanto los empleos como el ecosistema, siempre que las acusaciones de contaminación se demuestren con rigor científico.
Los puntos críticos del Relator
La inspección de Naciones Unidas en territorio Yucatán dejó un panorama sombrío para el estado, pues según el dictamen de Orellana, la región se encuentra al borde de una declaratoria de emergencia ambiental.
Esta situación impacta en comunidades, pues se reportan más de 500 plantas industriales operando en zonas de influencia de pueblos indígenas.
El organismo señaló que una parte considerable de estas fábricas carecen de los permisos ambientales requeridos y denunció el vertido de aguas residuales con restos de antibióticos y hormonas en el subsuelo.
En su informe el Relator Especial resaltó la necesidad de proteger los derechos civiles, y consideró urgente que las autoridades vigilen con mayor rigor estos complejos industriales y se ponga fin a cualquier medida que busque intimidar o criminalizar la defensa del medio ambiente y del pueblo Maya.
