Por Yoisi Moguel
MÉRIDA, Yuc., a 20 de abril de 2026.- La lucha por los derechos políticos de las comunidades indígenas en Yucatán ha tomado un nuevo giro legal: la Sala Superior del TEPJF revocó la resolución local que pretendía dar por cumplida la creación de la Defensoría Pública Electoral.
De acuerdo con el expediente SUP-JDC-124-2026, la máxima autoridad electoral determinó que la sentencia se encuentra apenas “en vías de cumplimiento”. Subrayó que no existe una instalación formal ni operativa, dejando en vulnerabilidad a los ciudadanos que requieren este servicio gratuito.
El maestro Juan Alberto Baas Tec, principal impulsor de la iniciativa, señaló que el IEPAC se ha limitado a realizar meras “gestiones administrativas”. “Parece una simulación para aparentar avances cuando en realidad no hay nada concreto”, denunció.
El TEPJF enfatizó que el tribunal local falló al no juzgar con perspectiva intercultural. Al no estar operativa la defensoría antes del proceso electoral de 2026, se pone en riesgo el acceso real a la justicia para el pueblo maya, una comunidad históricamente discriminada.
La controversia aumenta debido a la firma de un convenio entre el IEPAC y una organización civil, acción calificada como no democrática por diversas irregularidades:
- Falta de transparencia: No se informó sobre el procedimiento de selección de dicha organización.
- Falta de certeza jurídica: Se excluyó a los promoventes originales y no se informaron los términos del acuerdo.
- Silencio institucional: El IEPAC no ha respondido a la solicitud ciudadana de crear un Comité de Vigilancia.
Ante la falta de avances tangibles, Baas Tec aseveró que procederá a impugnar el convenio si no se obtiene una respuesta favorable y transparente de inmediato.
