Ciudad de México, 24 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno federal ya trabaja para traer de regreso a México al contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina luego de permanecer prófugo. La mandataria indicó que la prioridad es concretar su deportación, al detectarse que habría ingresado con documentación falsa.
La captura fue resultado de una operación entre autoridades mexicanas y argentinas, luego de un seguimiento respaldado por mecanismos internacionales de búsqueda. La ficha roja de Interpol permitió ubicar al exmando naval, considerado objetivo relevante dentro de una investigación federal ligada al tráfico ilícito de combustibles.
Delitos que le imputan en México
Farías Laguna enfrenta investigaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero, uso indebido de atribuciones y delitos fiscales vinculados al sector energético. La Fiscalía General de la República lo ubica como presunto integrante de una red que operaba importaciones irregulares de combustible para evadir impuestos y comercializar producto de origen ilícito.
Las indagatorias señalan que la estructura criminal utilizaba empresas fachada, maniobras aduanales y rutas marítimas para introducir hidrocarburos al país con declaraciones alteradas. Por su experiencia en áreas estratégicas, Farías Laguna habría tenido un papel clave en logística, contactos institucionales y protección operativa dentro del esquema de huachicol fiscal.
Lo que sigue en el proceso judicial
El gobierno mexicano explicó que primero agotará la vía administrativa de deportación. En caso de no prosperar, se presentará una solicitud formal de extradición ante autoridades argentinas. Después de su entrega, deberá comparecer ante un juez federal que definirá medidas cautelares y el inicio de su proceso penal.
La detención del contralmirante es considerada uno de los avances más importantes en el combate al robo y contrabando de combustibles en los últimos meses. El caso también podría derivar en nuevas órdenes de captura y en la ampliación de investigaciones sobre funcionarios, empresarios y operadores relacionados con esta red ilegal.
