Por Yoisi Moguel
PISTÉ, Yuc., 8 de mayo de 2026.— La tensión en torno a Chichén Itzá, la zona arqueológica más emblemática de Yucatán, entró en un punto crítico luego de que integrantes del Consejo Indígena de Gobierno de Pisté rechazaran públicamente cualquier acuerdo para abandonar el sitio derivado del proceso de reubicación de comerciantes.
Niegan acuerdo
En respuesta a versiones oficiales que señalaban avances y consensos para trasladar a artesanos al nuevo Centro de Atención a Visitantes (CATVI), el colectivo indígena aseguró que no existe, ni existirá, un pacto que los obligue a salir del espacio que consideran parte de su patrimonio histórico y territorial.
Los representantes calificaron como falsas las declaraciones que daban por hecho su retiro y advirtieron que la resistencia dentro del recinto se mantiene firme pese a las presiones externas.
Acusan imposición
El conflicto escaló luego de que autoridades estatales afirmaran que existen avances en la reubicación de comerciantes hacia el nuevo complejo turístico.
Sin embargo, el Consejo sostuvo que sus interlocutores son únicamente autoridades federales, dejando en claro que el Gobierno del Estado no tiene facultades para negociar sobre sus derechos territoriales ni sobre la permanencia de la comunidad maya dentro de Chichén Itzá.
Además, denunciaron que el CATVI fue construido sin realizar la consulta indígena obligatoria establecida en tratados internacionales, por lo que consideran que se trata de un proyecto impuesto y carente de legitimidad comunitaria.
Denuncian división
Integrantes del movimiento acusaron la existencia de una estrategia para fracturar la unidad del pueblo maya mediante incentivos económicos y presunta coacción política para forzar la salida de los comerciantes.
De acuerdo con los líderes comunitarios, cualquier anuncio sobre un retiro pactado representa una distorsión de la realidad que únicamente busca debilitar la resistencia de quienes han trabajado en la zona durante décadas.
“La presencia maya no es negociable”
Bajo el amparo del Artículo 2 de la Constitución, los pobladores reafirmaron que su lucha no se limita a conservar un espacio comercial, sino que representa la defensa de su derecho ancestral a vivir, trabajar y desarrollarse dentro de su propio patrimonio cultural.
Al cerrar filas, el Consejo exigió detener las narrativas que contradicen las mesas de diálogo sostenidas con autoridades federales y pidió a la opinión pública no dejarse engañar por supuestos acuerdos inexistentes.
“La presencia maya en Chichén Itzá no es negociable bajo los términos actuales”, sentenciaron los representantes del movimiento.
