Por Yoisi Moguel
TINUM, Yuc, a 28 de mayo de 2026.- La ilusión de contar con un patrimonio propio se convirtió en una auténtica pesadilla para un grupo de artesanos de la cooperativa Herederos Maya, debido a que el nuevo Centro de Atención a Visitantes (CATVI) de Chichén Itzá terminó en un presunto acto de corrupción y amenazas.
Trabajadores de la misma agrupación revelaron que su lideresa, Silvia Cimé Mex, presuntamente utilizó la identidad de sus propios empleados como prestanombres para apoderarse de al menos 10 locales comerciales y de jugosos apoyos económicos destinados al sector más vulnerable de la zona arqueológica.
De acuerdo con los testimonios recabados por diversos afectados de la cooperativa Herederos Mayas, quienes acudieron formalmente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en Valladolid para intentar denunciar el atropello, la entrega de los espacios estaba programada para beneficiar directamente a los artesanos.
Sin embargo, la red de abusos operaba en la misma puerta del evento, justo al salir con sus títulos de propiedad y sobres con 10 mil pesos en efectivo otorgados por el Patronato Cultur para la compra de mercancía, una hija de la lideresa, identificada como Paola, interceptaba a los trabajadores para despojarlos de la documentación y del dinero.
Uno de los casos más alarmantes es el de Eric Eduardo Hau Chan, quien trabajó fielmente para Cimé durante 15 años y relató que su patrona les pidió reunir documentos bajo la promesa de que el gobierno les asignaría un espacio gratuito.
La sorpresa llegó cuando, tras recibir el beneficio, Paola solo le entregó 1,000 pesos de los 10 mil que le correspondían, le quitó las llaves del local y el gafete de acceso, para finalmente despedirlo de manera injustificada junto a otros cuatro compañeros bajo el argumento de que esos locales no les pertenecían.
El desamparo de los artesanos es total pues al acudir a la Fiscalía General del Estado en Valladolid para interponer la denuncia por despojo y amenazas, el personal de la dependencia se negó rotundamente a abrir una carpeta de investigación, limitándose a darles el “consejo” de que vayan a arreglar el problema directamente a las oficinas de Cultur.
Ante la gravedad del asunto y las advertencias de que se encargarían de vetarlos para que nadie los contrate en la zona arqueológica, los trabajadores hicieron pública su situación y responsabilizan directamente a Silvia Cimé Mex de cualquier represalia o daño que puedan sufrir ellos o sus familias.
