Por Staff
CIUDAD DE MÉXICO, 29 de abril de 2026. – Las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el narcotráfico, han desatado una crisis política y diplomática sin precedentes recientes.
La Fiscalía estadounidense sostiene que el mandatario y otros funcionarios habrían participado en una red de colaboración con el Cártel de Sinaloa, facilitando el envío de drogas como fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia ese país.
Según las autoridades, el esquema incluía protección institucional, filtración de información y pagos ilícitos para garantizar la operación del grupo criminal en la región.
El expediente también plantea que el apoyo político recibido por el gobernador habría estado vinculado a la intervención de grupos delictivos en procesos electorales, lo que agrava el impacto del caso.
Las acusaciones no solo alcanzan al Ejecutivo estatal, sino a una red de funcionarios y exfuncionarios, lo que evidencia una posible infiltración del crimen organizado en estructuras de gobierno.
Frente a ello, Rocha Moya negó cualquier vínculo y acusó una persecución política, mientras el gobierno mexicano analiza las solicitudes de cooperación y posibles procesos de extradición.
El caso ocurre en un contexto de presión internacional para combatir el narcotráfico, y podría redefinir la cooperación entre ambos países en materia de seguridad y justicia.
